Ley 10/2012 o ley de tasas judiciales.

El pasado veinte de noviembre se publicó en el BOE la ya afamada Ley de tasas, o ley 10/2012, cuyo contenido entró finalmente en vigor tras casi un mes de incertidumbre generalizada, al ser publicados los formularios de Hacienda que se habrán de utilizar para realizar la autoliquidación.

No a las tasas judicialesLa ciudadanía tendrá que pagar un precio tasado por iniciar un procedimiento o bien por interponer un recurso ante una resolución judicial. Las tasas serán de cuantía variable, que se calculará respecto a una base fija por cada tipo de procedimiento, y otra cuantía variable directamente relacionada con la entidad económica del litigio. Así las tasas varían entre ciento cincuenta euros por interponer una demanda de juicio verbal civil, doscientos por una demanda de procedimiento abreviado contencioso administrativo o bien ochocientos euros por apelar resoluciones jurisdiccionales e incluso mil doscientos por interponer recursos de casación, cantidades éstas a las que siempre se ha de añadir la cuantía variable.

Si bien tanto ciudadanos como personas jurídicas habrán de pagar las tasas, quizá la mayor novedad de la ley sea la de establecerlas también en los litigios derivados de conflictos de trabajo, es decir, en el orden jurisdiccional social, en el que los ciudadanos pagarán no por interponer demandas pero sí por recurrir. No resulta necesario añadir que los litigios penales están completamente exentos de ningún tipo de tasa así como los ciudadanos que ostenten el derecho a la justicia gratuita.

Por otra parte, la norma contempla la devolución por bonificación de hasta un sesenta por ciento de la tasa abonada, en caso de alcanzar acuerdos extrajudiciales. Lo que lleva a deducir un aumento muy considerable de los asuntos que serán sometidos arbitraje o a mediación, habiéndose publicado tan sólo en el mes de julio la regulación del segundo de estos sistemas alternativos de resolución de conflictos.

Desde la publicación de la ley 10/2012 han sido constantes las manifestaciones en contra de la misma por diversos colectivos de la comunidad jurídica, tales como abogados, procuradores e incluso miembros de la carrera judicial, al igual que por diversos sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Incluso desde la oposición en la Cortes Generales se ha manifestado la inminencia de interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

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