Cuando contrato un abogado, ¿qué es lo que puedo esperar?

He comprobado a lo largo de mi ejercicio profesional, que en muchas ocasiones no resulta claro, para quien contrata un abogado, qué es exactamente lo que va a recibir.

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Pues bien, aquello que se contrata es una prestación de servicios, lo que implica que el abogado habrá de actuar con la máxima diligencia en el asunto que se le encarga, respetando en todo momento la lex artis, las reglas del oficio, pero sin que ello entrañe una obligación de resultado (Sentencia del Tribunal Supremo de treinta de marzo de dos mil seis).

Por tanto, el abogado está obligado a hacer un análisis de la situación que se le expone, a elaborar un diagnóstico jurídico, y a recetar y ejecutar la mejor de las posibles vías de solución; todo ello, con una correcta aplicación de las normas procesales.

El Tribunal Supremo hace hincapie en el deber de información que atañe al abogado, así como del deber de consejo de la mejor vía para la defensa de los intereses del cliente, si bien el abogado, como perito en la materia, goza necesariamente de un margen de libertad e iniciativa para elegir los medios jurídicos que estime más convenientes; lo que se traduce en el ofrecimiento al cliente de una adecuada información acerca de la viabilidad legal del asunto, las vías más adecuadas para su resolución, ya sean judiciales o no, y de los costes probables, entre otros.

Por ello, resulta muy aconsejable el uso de la hoja de encargo, y así se pone de manifiesto por parte de los Colegios de Abogados. Con el uso de dicho documento se pretende alcanzar una mayor calidad en el servicio profesional que se ofrece, así como el fomento de la confianza en la relación del cliente con su abogado, desde el inicio de la prestación de servicios.

En la hoja de encargo se hará constar que el cliente ha sido debidamente informado del tipo de servicios que contrata, asunto concreto para el que se prestan, normas deontológicas que rigen en la profesión del abogado, así como de los honorarios del letrado, o letrada, y forma de pago, u otros posibles gastos derivados del procedimiento, como gastos de procurador, peritajes, costas, o tasas judiciales. Igualmente se hará constar todas aquellas vicisitudes que puedan resultar pertinentes para ejercer de manera adecuada el deber de información que se nos impone a los letrados.

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