¿Cómo atribuye la responsabilidad la Corte Penal Internacional?

La parte III del Estatuto de la Corte Penal Internacional regula los «principios generales de Derecho penal», es decir, los principios que conforman los presupuestos materiales de la responsabilidad penal, los grados de autoría y los elementos de participación criminal.

Respecto a los sujetos a quienes se reconoce capacidad para cometer crímenes en el ámbito del Derecho penal internacional, ésta se establece sólo para la persona natural, excluyendo la posibilidad de que sean declaradas penalmente responsables las personas jurídicas o las entidades colectivas ya que se afirma expresamente que los responsables lo serán de manera individual.

En el artículo 25§3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional se establecen las reglas de autoría y participación del Derecho penal internacional. Así, al igual que en nuestro ordenamiento, se distinguen diversos tipos de autoría, en este caso, la autoría, la coautoría y la autoría mediata.

Por «autor» se ha de entender aquel que comete el ilícito por sí mismo; por «coautor», a aquel que reuniendo todos los requisitos para ser considerado autor del tipo penal realiza el ilítico en conjunción con otros. Y con respecto al «autor mediato», se concibe como aquél que realiza un ilícito penal por medio de otra persona, utilizandola como ejecutor material pero subordinado al dictado del autor.

42357201211280540fe8241ae41dfc2d5ecdc238747651646En el mismo artículo 25§3, se encuentran los elementos de participación criminal, la instigación, la inducción, la proposición, la complicidad y el encubrimiento. Todos ellos punibles tanto cuando el ilícito se haya consumado como en grado de tentativa, lo que implica que encuentran sanción penal tanto actos preparatorios si llega a producirse la tentativa como los actos de consumación. La complicidad, el encubrimiento y la colaboración con la comisión del ilícito penal, deben significar una contribución objetiva «a la comisión o la tentativa de comisión» y debe existir el elemento subjetivo de intencionalidad de facilitar dicha comisión.

Por otra parte, respecto a la contribución al crimen colectivo, se deduce de su articulado que el ECPI sanciona la tentativa o comisión del ilítico penal por un grupo de personas que tengan como finalidad común un propósito delictivo o bien se contribuya a las acciones del grupo a sabiendas de la intención de cometer un crimen, pero sin embargo no tipifica la conspiración para delinquir que sí se recoge en el Código Penal español y se entiende que se produce cuando «dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo»

Entiende la doctrina que para aplicar este tipo de responsabilidad prevista en el 25.3.d no resulta necesaria la existencia de un acuerdo previo entre aquellos que hayan intervenido, sino solamente que formen un grupo y que compartan una finalidad.  Tampoco se requiere una igualdad jerárquica, pero sí un grado de cohesión significado, el cual viene a demostrarse con la existencia de órdenes, propuestas o inducciones por parte de alguno de los individuos que lo conforman.

La excepción a la afirmación anterior es la sancionabilidad que se establece para los actos preparatorios en los casos de genocidio, pues se considera ilícita la «instigación directa y pública» a su comisión, en línea con lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto a la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia la cual estará prohibida por la ley. Bastará, por tanto, para entenderse producida la instigación que ésta se haya de manera directa y pública, como ya hemos mencionado, haciendo innecesario que se produzca el genocidio que se instiga. internationalcriminalcourtcomic_thumb

El último de los supuestos del artículo 25§3, en concreto su parágrafo «f», se refiere a la tentativa y a las formas de ejecución adelantada al estipular que se sancionará a quien «Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad». De lo expuesto deducimos que se recoge tanto la forma de tentativa acabada, es decir, cuando la primera cuando se han practicado todos los actos que deberían producir el resultado, como inacabada, esto es, cuando sólo se han practicado parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado.

Ahora bien, el propio Estatuto estipula que quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

Por último hacemos mención a un caso particular de responsabilidad penal que se recoge en el ECPI, cual es la responsabilidad de los jefes militares y superiores civiles, los cuales se consideran responsables por aquellos crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando, o subordinados, siempre que aquellos conocieren de las circunstancias y no hubieren hecho nada para impedirlo. Esto se denomina «principio de responsabilidad de mando», conocido como estándar Yamashita o estándar de Medina es la doctrina de la rendición de cuentas jerárquica en los casos de crímenes de guerra, establecida por las Convenios de La Haya, IV (1907) y X (1907), e implica que un oficial al mando no puede desconocer los actos ilegales del comando bajo su mando y tiene el deber de controlar sus actos para evitar la comisión de cualquier tipo de crimen de guerra.

El artículo 28 del ECPI adjudica responsabilidad penal a aquellos jefes militares o superiores civiles, que hubieran hecho dejación de su deber de garante, es decir, que no hubieran ejercido el debido control sobre sus subordinados, de lo que hemos visto ejemplos varios en los Tribunales de Ruanda y la ex– Yugoslavia sobre la responsabilidad de superiores civiles.

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