Las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios.

En un contexto de descontento con la actividad de las entidades financieras y tras la publicación de la  sentencia del TJUE que ya hemos analizado, se ha traído a colación la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de cinco de abril de 1993, que establece la regulación sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y que ya en su momento supuso un fuerte impulso a la protección legal de los consumidores y usuarios.

Actualmente los consumidores se ven sometidos en el tráfico jurídico a duras e inflexivas imposiciones por parte de las compañías con las que se contrata, mediante modelos de contratos estandarizados como aquellos de servicios telefónicos, productos financieros, o de suministros de agua, luz y gas. En caso de que surjan conflictos relativos a los produtos o servicios, existen varias posibilidades de actuación que hemos analizado anteriormente, y que pasan por utilizar las herramientas denominadas de resolución extrajudicial de conflicto o bien acudir a la vía jurisdiccional.

El concepto jurídico más importante que nos aporta dicha directiva, y que se refleja en la antedicha sentencia es el de «desequilibrio importante en detrimento del consumidor».  Este desequilibrio ha de apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables (siempre a falta de pacto entre las partes), para determinar sí, y en qué medidas, el contrato deja al consumidor en un situación jurídica menos favorable que la prevista por el derecho nacional vigente.

La determinación del posible posible desequilibrio se realiza mediante el análisis del trato de la empresa o profesional al consumidor, estableciendo si se ha producido de una manera leal y equitativa para aquel, quien es la parte más débil de la relación contractual, de tal manera, que se ha de poder estimar que éste último hubiera aceptado la misma cláusula en el marco de una negociación individual. 

Por tanto, nos estamos refiriendo a cláusulas de las denominadas condiciones generales de la contratación, esto es, cláusulas destinadas a ser incorporadas a una pluralidad de contratos sin posibilidad real de negociación por el consumidor medio.

El Tribunal Supremo ha manifestado en su sentencia 406/2012 de dieciocho de junio, que los costes de los recursos que se deben invertir en el diálogo que todo proceso individualizado de negociación conlleva, unido al elevado volumen de operaciones que se realizan en el desarrollo de determinadas actividades negociales, fue determinante para que en ciertos sectores de la economía se sustituyesen los tratos personalizados de los términos y las condiciones de los contratos, por la contratación por medio de condiciones generales propias del tráfico en masa, en los que el destinatario, acepta o rechaza sin posibilidad de negociar de forma singularizada, dando lugar a lo que el Tribunal califica como “un auténtico modo de contratar, diferenciable de la contratación por negociación, con un régimen y presupuesto causal propio y específico”.

Nuestra normativa mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de dieciséis de noviembre, por el que se aprueba La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece que las cláusulas no negociadas individualmente han de cumplir los siguientes requisitos: por un lado ser redactadas con concreción, claridad y sencillez, de tal manera que posibiliten su comprensión directa sin remisión a otros textos o documentos, y por otro, que el contenido del contrato sea de conocimiento del usuario previamente a la celebración del contrato.

papeleo[1]En el RD-L 1/2007 se establece que serán consideras como abusivas, aquellas que no habiendo sido negociadas individualmente que establezcan, en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibrio en el sistema de derechos y obligaciones que se establecen para las partes, causando un «desequilibrio importante en detrimento del consumidor».

Para poder determinar si efectivamente se produce un desequilibrio de las relaciones contractuales que sean perjudiciales para el consumidor (o usuario), se han de tener en cuenta los bienes o servicios que sean objeto del contrato, y la posible complejidad que pueda tener el producto que se adquiere, como pueden ser los productos financieros, además de las circunstancias que han concurrido en el momento de la celebración del contrato, como la información adicional ofrecida al consumidor mediante cualquier medio, como pudieran ser evoluciones de mercado o comparativas entre productos, así como el resto de cláusulas contenidas en el propio contrato.

Resulta necesario poner de manifiesto que la Ley 7/1998, de trece de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación dispone que ante las «dudas en la interpretación de las condiciones generales obscuras, éstas se resolverán a favor del adherente», esto es, del consumidor. Además, lo que es de todo punto importante, se tendrán por no puestas  aquellas que «el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o no hayan sido firmadas, sea ambiguas, oscuras, incomprensibles…» a salvo aquellas que hubieran sido expresamente aceptadas por escrito, siempre, claro está, que se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.

En caso de considerar nula una cláusula se tendrá por no puesta, pero siempre que se den los requisitos anteriormente manifestados, esto es, que se trate de una cláusulas  no negociadas individualmente que provoquen un desequilibrio en el sistema de derechos y obligaciones que se establecen para las partes, causando un «desequilibrio importante en detrimento del consumidor».


Imagen cortesía de OpenClipArt by j4p44n
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