Los colegios profesionales. Naturaleza, normativa y perspectivas de futuro.

El futuro de los Colegios Profesionales se encuentra en cuestión por el anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales por el cual, según se pone de manifiesto en el  Informe sobre el Anteproyecto de Ley de colegios y Servicios Profesionales publicado el dos del pasado agosto, se establece una lista de profesiones de colegiación obligatoria, se crea una comisión de reforma de las profesiones para evaluar y modificar el acceso y ejercicio de determinadas profesiones y se establece una reserva de ley para las restricciones de acceso a una actividad basada en una cualificación profesional, además de reforzar las medidas de transparencia y buen gobierno.

Sin embargo, lejos de ser visto como una mejora del sistema de colegiación de ciertas profesiones y de la organización de la vida colegial, este anteproyecto ha sido severamente criticado por diversos grupos profesionales, como arquitectos, abogados y procuradores, e ingenieros industriales, entre otros muchos.

Resulta, sin duda, muy preocupante la propuesta de prohibición que se establece para los presidentes, decanos, miembros de las juntas de gobierno de los colegios o cargos directivos de consejos autonómicos o generales, de desempeñar cargos directivos en los partidos políticos, sindicatos, u organizaciones empresariales, así como el régimen de competencias que se arrogaría el Estado entre las cuales se encuentra la potestad para disolver la junta de gobierno del colegio profesional y convocar nuevas elecciones, previo informe de la Administración competente.

Los cambios que se plantean por el Gobierno y, que como ya hemos mencionado, han sido muy criticados, pasan por equiparar a los abogados y a los procuradores, a la par que suprime los aranceles y liberaliza los honorarios de los segundos, lo que ha sido duramente criticado por los Colegios de Procuradores, como ha puesto de manifiesto, entre otros, el decano de los procuradores de Málaga Francisco Bernal al afirmar que «el perjuicio no es para la procura, sino para el justiciable. […] La nueva ley de servicios profesionales genera gran inseguridad jurídica».

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía ha rechazado la diferenciación entre abogados que actúan ante tribunales y los meros asesores jurídicos, para quienes no se exige la colegiación ni tampoco ser titulares de un seguro de responsabilidad civil.

Por su parte la Unión Profesional de Galicia, asociación que representa los intereses de cuarenta y dos colegios profesionales y a más de sesenta mil profesionales, advierte de que “el acceso libre a la profesión, sin colegiación obligatoria, es contrario al interés general, pues priva de garantías esenciales a los consumidores y usuarios, a los que se dejaría desprotegidos ante profesionales sobre los que no se puede ejercer un control directo y no sujetos al cumplimiento de un Código Deontológico».

Otros profesionales también se han manifestado en contra, como los arquitectos, quienes entienden que existe una discriminación hacia su profesión pues se obliga a estos «profesionales a colegiarse para ejercer una profesión que otras disciplinas no colegiadas o no sujetas a la misma exigencia profesional también podrán ejercer», o los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos quienes opinan que «los Colegios Profesionales sin colegiación obligatoria quedan desnaturalizados y se convierten en simples asociaciones profesionales; y en estas condiciones no pueden ejercer el control del ejercicio de la profesión, singularmente el deontológico pero también el técnico, sobre el conjunto de los colegiados».

Muchas otras organizaciones profesionales se han pronunciado igualmente en contra del anteproyecto de ley, además de varias Comunidades Autónomas, rechazando, aparte de lo ya expuesto, el excesivo centralismo e intervencionismo de dicho proyecto.

Históricamente, la existencia de los Colegios Profesionales se remonta a la época gremial, en la Edad Media, si bien con altibajos como el periodo revolucionario francés o el siglo diecinueve, por el predominio de las ideas liberales contrarias a la colegiación obligatoria. A salvo, por supuesto, la Ley Moyano, o ley reguladora de la enseñanza, de mil ochocientos cincuenta y siete, que al establecer una clara correspondencia entre títulos educativos y profesiones, supuso un impulso a la organización colegial.

También, y en concreto para los abogados, la Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia de seis de junio de mil ochocientos cuarenta y cuatro, publicada en la Gaceta de Madrid, el sábado quince de junio de dicho año, supuso un impulso definitivo a dichas organizaciones al establecer, tras varios vaivenes legislativos, la obligatoriedad de la colegiación.

Colegio Profesional GremioActualmente, el artículo treinta y seis de la Constitución Española  contempla que «la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas», y si bien no establece un modelo predeterminado de colegio profesional sí impone que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

La justificación de la creación de los colegios profesionales y la atribución a aquellos de potestades de auto-organización, administración y sancionadoras, la encontramos en el interés público que genera el correcto ejercicio de algunas profesiones tituladas.

Respecto a la naturaleza jurídica de los colegios profesionales, si bien la doctrina no es unánime, la interpretación más asentada los define como corporaciones públicas, por su composición y organización, que realizan una actividad que, en parte, es privada aunque tengan atribuidas por ley o delegadas funciones públicas. En palabras del profesor Parada «son Corporaciones no territoriales, asociaciones forzosas de particulares,creadas (formalmente) por el Estado que igualmente les atribuye personalidad jurídica pública para, sin perjuicio de gestionar y defender intereses privativos de sus miembros,  desempeñar funciones de interés general con carácter monopolístico, cuyo ejercicio se controla por la jurisdicción Contencioso-Administrativa».

La Constitución establece una reserva de ley para la regulación tanto de los colegios profesionales como del ejercicio de las profesiones tituladas, correspondiendo al Estado, en base a las atribuciones realizadas por el art. 149.1.1º y 149.1.18ª C.E., la legislación básica, entre lo que se incluye, el establecimiento de las condiciones que aseguren el libre ejercicio de la actividad profesional y la regulación de los aspectos organizativos y competenciales básicos de estos entes.

Por su consideración como administración pública, les son de aplicación los principios del procedimiento administrativo, las garantías del procedimiento sancionador en los expedientes disciplinarios y el régimen jurídico de los actos administrativos, esto es, la normativa relativa al procedimiento administrativo común, contemplado en la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común; y por tanto, los actos emanados de los órganos de los Colegios, en cuanto sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ahora bien, más allá de las competencias estatales respecto de los «criterios básicos
de organización y competencias» de los colegios, corresponde a las comunidades autónomas lo que exceda de la legislación básica, en base a las competencias que hayan asumido por medio de sus Estatutos de Autonomía correspondientes; lo que de hecho ha sucedido en diversas autonomías.

Así, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Andalucía o Cataluña han asumido competencias para legislar sobre Colegios Profesionales, y, de hecho, Cataluña ha manifestado recientemente que el anteproyecto de Ley de colegios y Servicios Profesionales invade competencias atribuidas a ésta por su Estatuto de Autonomía.

La organización y competencias de los colegios profesionales son establecidos, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de que se trate, por sus Estatutos Generales y por los Reglamentos de Régimen interior, tal y como se estipula en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Por otra parte, territorialmente se integran en Consejos Generales que tienen ámbito nacional y que cuentan entre sus funciones las de elaborar los mencionados Estatutos Generales y visar los reglamentos de régimen interior de los Colegios, así como asumir la representación de los profesionales españoles ante las entidades similares en otras naciones, entre otras.

Queda pendiente ver la evolución que en vía parlamentaria tenga el anteproyecto de Ley de colegios y servicios profesionales, pero esperamos que aquellos puntos que se revelan problemáticos desaparezcan del mismo pues pueden resultar muy perjudiciales para un gran número de profesionales de este país.


Imagen cortesía del CGAE y de OpenClipArt by j4p4n.

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