El derecho fundamental a la propia imagen.

El derecho fundamental a la propia imagen, contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución Española,  salvaguarda la proyección exterior de la propia imagen, con el objetivo de imposibilitar injerencias no deseadas en el mismo, velar por una determinada imagen externa o preservar nuestra imagen pública.

El derecho a la propia imagen se encuentra vinculado con las circunstancias personales del titular, lo que incluye la actividad desarrollada por éste,en el sentido de que la imagen podrá preservarse cuando se desvincule del ámbito laboral propio, pero también en caso de que la persona desarrolle una actividad pública, pues en este caso la dicha relevancia tendrá influencia en el desarrollo del ejercicio de este derecho, pudiendo resultar limitado en confrontación con al derecho a la libertad de expresión e información.

EL artículo 18.1 CE recoge la facultad del titular de disponer de la representación de su físico que permita su identificación, su imagen, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible, que pueda ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado, tal y manifestado el Tribunal Constitucional en su sentencia 81/2001, de 26 de marzo.

La mentada sentencia viene a manifestar que el bien jurídico protegido es la apariencia externa del individuo, siendo determinante que en la imagen pueda reconocerse a la persona titular del derecho, pues difícilmente puede entenderse dañado públicamente su derecho si tal reconocimiento no se produce.

Por otra parte, tal derecho viene reconocido también a las personas jurídicas, y así el Tribunal Constitucional ha manifestado que «en nuestro ordenamiento, aun cuando no se explicite en los términos con que se proclama en los textos constitucionales de otros Estados, los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídico nacionales en la medida en que, por su naturaleza, resulten aplicables a ellas».

Ahora bien, todo lo anteriormente expuesto no impica que resulte imprescindible que la reproducción de la imagen personal sea exacta a la del titular, sino únicamente que éste pueda producirse de una manera razonada el reconocimiento personal, en base a las circunstancias que rodean la exposición de la imagen además de ésta misma.

El desarrollo de la protección de estos derechos lo efectúa, fundamentalmente, la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, que establece los criterios para distinguir entre intromisiones ilegítimas en aquellos derechos fundamentales, y las que no constituyen infracción algguna, bien por mediar consentimiento bien por recoger imágenes públicas.

Un caso específico de intromisión no consentida pero legítima del derecho a la propia imagen lo constituyen las grabaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, regulada por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto. En dicha normativa se estipula la obligación de información sobre la existencia de videocámaras y  la destrucción de las grabaciones tras un determinado plazo, salvo las que contengan imágenes relacionadas con infracciones penales o administrativas graves. Indudablemente ete tipo de regulaciones afectan no sólo al derecho a la imagen, sino también, y de una manera muy intensa, al derecho a la intimidad de los ciudadanos.

En caso de que una persona, bien física, bien jurídica, entienda que se ha sufrido una vulneración del derecho fundamental a la propia imagen, el particular puede optar por acudir tanto a la vía jurisdiccional civil como a la penal, valorando previamente el perfil delictual del hecho acontecido y por tanto la viabilidad que ofrece cada una de las dos opciones.

Una vez agotada cualquiera de las dos jurisdicciones se puede solicitar el amparo al Tribunal Constitucional, así lo dispuso el propio Tribunal en su sentencia 241/1991al disponer que no era necesario acudir en primer lugar a la vía penal, dando la opción al afectado por una u otra vía o ambas antes de acudir al recurso de amparo.


Imagen cortesía de OpenClipArt by j4p4n.

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