La inconstitucionalidad del régimen de tasas judiciales.

Al poco de la aprobación de la ya afamada Ley de tasas judiciales, comentábamos en otro artículo como eran constantes las manifestaciones en contra de la misma, por diversos colectivos de la comunidad jurídica, tales como abogados, procuradores e incluso miembros de la carrera judicial, al igual que por diversos sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Así mismo contra dicha ley se han interpuesto diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. 

Por nuestra parte, consideramos esta ley de todo punto inconstitucional por impedir en la práctica el acceso a la jurisdicción de la ciudadanía, pues la excesiva cuantía de las mismas resulta un obstáculo evidente en un país cuya media de ingresos en 2012, según el INE, fue de nueve mil noventa y ocho euros (9.098€). Tomando en cuenta las circunstancias de crisis evidente que han hecho perder poder adquisitivo al conjunto de la ciudadanía y teniendo en cuenta que al pago de las tasas se ha de sumar los de los profesionales causídicos, pruebas de parte y posibles costas judiciales.

Si bien haya podido caer en el olvido colectivo, las tasas no son algo nuevo en nuestra legislación. Hasta 1986 estuvieron en vigor las llamadas, en terminología utilizada por la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, tasas judiciales «preconstitucionales», que se encontraban reguladas por el Decreto 1035/1959, de 18 de junio, que convalidó y reguló la exacción de las numerosas y variadas tasas judiciales que se encontraban vigentes en aquel entonces, en cumplimiento de la racionalización impuesta por la Ley de 26 de diciembre de 1958, reguladora de las tasas y exacciones parafiscales (STC 20/2012).

Aquel régimen de tasas establecía como hecho imponible la actuación de los Tribunales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y penal. Recaían sobre todas las personas que acudían a la justicia, con las únicas excepciones del Estado, el Ministerio Fiscal, los simples denunciantes de delitos o querellantes por delitos privados, así como quienes disfrutaran del beneficio de pobreza. Y los tipos de gravamen de los aranceles solía situarse entre el 6 y el 15 por 100 de la cuantía del proceso, salvo en materia criminal. Por otro lado la liquidación estaba encomendada a las Secretarías de los Tribunales y el producto de su recaudación debía aplicarse a remunerar a los funcionarios de la Administración de Justicia.

Dichas tasas fueron derogadas por la ley 25/1986; la cual en su exposición de motivos declara tajante que: En el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que, además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social.

Por tanto lo que no se consideraba conforme a justicia ni a los principios constitucionales en mil novecientos ochenta y seis, parece que sí es válido veintiocho años después.

Ciertamente no ha sido pacífica la aprobación de la ley 10/2012, que fue posteriormente reformada por el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero y también matizada con respecto a su aplicación en el ámbito social (la antigua Magistratura) por el Acuerdo del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de cinco de junio de 2013 que establece, respecto de esta jurisdicción, la exención del pago de la tasa correspondiente al trabajador, al beneficiario de la Seguridad Social, al funcionario o personal estatutario y a los sindicatos.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que las tasas, al menos para las personas jurídicas, fueron ya reintroducidas en nuestro ordenamiento jurídico por la ley 53/2002, de 30 de diciembre, que constituía como hecho imponible el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo.

Ahora bien, consultando el Boletín Oficial del Estado y realizando una comparativa respecto de la determinación de la cuota tributaria observamos la más que evidente diferencia en cuanto la cuantía a abonar.

Conforme a la ley 53/2002

En el Orden Jurisdiccional Civil

Verbal

Euros
Ordinario

Euros
Monitorio
cambiario

Euros
Ejecución

Euros
Concursal

Euros
Apelación

Euros
Casación
y de infracc.
procesal

Euros
90 150 90 150 150 300 600

Conforme a la ley 10/2012

Verbaly cambiario Ordinario Monitorio, monitorio europeoy demanda incidentalen el proceso concursal Ejecución extrajudicialy oposicióna la ejecuciónde títulos judiciales Concurso necesario Apelación Casacióny extraordinario por infracción procesal
150 € 300 € 100 € 200 € 200 € 800 € 1.200 €

Exponemos estos gráficos pues cuando fue aprobada la ley 53/2002, la misma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, el cual en la ya citada sentencia 20/2012 parte de que el legislador tiene libertad de configuración normativa para desarrollar la exigencia de tasas de acceso a la jurisdicción, pero «… debe tomar en consideración las circunstancias y los datos relevantes, atendida la naturaleza y finalidad de los distintos, tasas y otras figuras tributarias que puede establecer, dentro de los márgenes constitucionales –STC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 6 a)–»

«En principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación al pago de unas tasas que sirven para financiar costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar demandas que libremente deciden presentar ante lor Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos: […] Conclusión que sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la ley 53/2002 es tan elevada que impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o la obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables»

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05).

Estos criterios son compartidos por la Unión Europea, en virtud del derecho a una tutela judicial efectiva que ha consagrado el art. 47 de la Carta de los derechos fundamentales, tal y como ha expuesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010 en el asunto DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (núm. C-279/09).

En 2012 el Tribunal Constitucional consideraba adecuadas para unas entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación el pago de unas tasas cuyas cuantías oscilaban entre los noventa y los seiscientos euros, pero las cuantías establecidas por la Ley de Tasas para ciudadanos corrientes, sin un elevado volumen de facturación, alcanza los mil doscientos euros. Sin embargo la renta media por persona en el año 2012 según la encuesta de condiciones de vida 2013 del Instituto Nacional de Estadísitica fue de nueve mil noventa y ocho euros (9.098€).

Por ello, en base no sólo al criterio de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino fundamentalmente del Tribunal Constitucional manifestamos nuestro convencimiento acerca de la inconstitucionalidad de las tasas establecidas mediante la ley 10/2012 pues queda de manifiesto que a la luz de las circunstancias actuales, la excesiva cuantía de las mismas supone para la ciudadanía, o al menos para un colectivo importante, un obstáculo que hace prácticamente imposible su acceso efectivo a la Justicia.

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