Breves anotaciones sobre la Corte Internacional de Justicia y el Uti Possidetis Iuris

Es habitual encontrarse en los medios de comunicación referencias a la Corte Internacional de Justicia – la cual no ha de ser confundida con la Corte Penal Internacional, de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones– respecto de controversias de tipo fronterizo o territorial surgidas entre países, como puede ser el conflicto del antiguo Sáhara español, o bien el propio Gibraltar. Todo ello pone de manifiesto la enorme importancia de la CIJ en la resolución de controversias internacionales y su aportación al desarrollo de diversas áreas del derecho internacional, como las delimitaciones de fronteras, de las zonas marítimas, el derecho a la protección diplomática y el derecho de la responsabilidad internacional.

La Corte tiene su sede en La Haya (Países Bajos) y fue instaurada en 1946, esto es, inmediatamente después del final de la II Guerra Mundial y sucediendo a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que fue creada en un tratado independiente al Pacto de la Sociedad de Naciones, por lo que logró subsistir a aquella, si bien con unas responsabilidades extremadamente limitadas.

Este tribunal, la CIJ, está compuesto por quince magistrados elegidos en votación independiente por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por un periodo de nueve años, estando vedado incluir a más de un ciudadano de la misma nacionalidad. Además, cada tres años se procede a la renovación parcial de un tercio de sus componentes, si bien está permitido acceder a la reelección.

Según se define en su propio estatuto, la CIJ es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas, siendo el órgano judicial principal de la ONU, el cual decide conforme a Derecho Internacional Público controversias de orden jurídico entre Estados, y evacua informes consultivos respecto a cuestiones que le sean sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.

CIJ_Si bien la CIJ es el intrumento institucional de resolución de conflictos más importante de la Comunidad Internacional, no es el único modo de resolución de controversias, pues contamos también con los modos extra judiciales, como pueden ser, la negociación,  la mediación, la conciliación e incluso el arbitraje,

Con respecto a los litigios que son encomendados a la CIJ, hemos de poner de manifiesto que la mayoría son relativos a cuestiones fronterizas y de delimitación marítima, cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y sobre personas y bienes, si bien lo más frecuente es que el litigio verse sobre controversias territoriales lo que implica la disputa entre dos o más estados por la soberanía de un territorio determinado.

Para entender cómo pueden producirse los conflictos de delimitación de territorios o de adquisición de aquellos, hemos de exponer cuáles son las diversas maneras de adquirir la soberanía sobre un territorio de acuerdo al Derecho Internacional Público. Éstos son, por un lado los modos derivados de una situación de hecho: la ocupación (o «posesión efectiva» del territorio entendida como el ejercicio continuo y pacífico de funciones de estado sobre un territorio determinado), la prescripción, la accesión y la anexión territorial –lo que de hecho podría suceder con Crimea respecto de Rusia–; y por otro lado, lo modos derivados de un título jurídico: la cesión, la adjudicación, la sucesión de los tratados de fronteras y el principio del uti possidetis.

En el ámbito del derecho internacional público se entiende por título jurídico de soberanía territorial cualquier medio de prueba que permita establecer la existencia de un derecho, e igualmente, la fuente de dicho derecho. Para la resolución de controversias territoriales basadas en la existencia de un título, tal y como lo hemos definitdo, cobran una gran importancia dos principios generales del derecho internacional, el principio de uti possidetis iuris, ya mencionado, y el de continuidad de los tratados de carácter territorial –en particular, de fronteras–.

Tribunal_Internacional_de_Justicia_El principio de uti possidetis iuris se origina en el contexto de descolonización de las colonias de la América Española, e implica el mantenimiento de las fronteras existentes en el momento de la proclamación de la independencia. Y si bien nace en un ámbito regional, posteriormente es aplicado a otras zonas geográficas, fundamentalmente África, en la que que también hubo colonias de potencias europeas; y así fue aplicado por la CIJ, por primera vez en el asunto de la Controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali (1986), lo que confirmó la regla del uti possidetis iuris como «principio de orden general».

La Corte Internacional de Justicia sentencia lo siguiente: «En esas circunstancias, la Sala no puede desconocer el principio de Uti Possidetis Iuris, cuya aplicación da lugar a ese respeto de la intangibilidad de las fronteras […] Aunque este principio fue invocado por primera vez en América Hispana, no es una norma que pertenezca solamente a un sistema particular del Derecho Internacional, se trata de un principio de alcalce general, conectado lógicamente al fenómeno de la obtención de la independencia, donde quiera que ocurra. Su finalidad obvia es impedir que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados sean amenazadas por luchas fraticidas provocadas por controversias fronterizas […] EL hecho de que los nuevos estados africanos hayan respetado el statu quo territorial que existía cuando obtuvieron la independencia no debe considerarse, por lo tanto, como una simple práctica, sino como la aplicación en África de una norma de alcance general que está firmemente establecida en cuestiones de descolonización; y la Sala no considera necesario demostrarlo a los efectos del caso.

[…] El principio de Uti Possidetis Iuris concede precedencia al título jurídico sobre la posesión efectiva como base de la soberanía. Su principal propósito es garantizar el respeto de los límites territoriales que existían en el momento en que se logró la independencia. Cuando estos límites no eran más que limitaciones entre divisiones administrativas o colonias, sujeta todas ellas al mismo soberano, la aplicación de ese principio dio como resultado su transformación en fronteras internacionales […] La obligación de respetar las fronteras internacionales preexistentes deriva de una norma general de Derecho Internacional relativa a la sucesión de los estados».

Por otra parte, el once de septiembre de mil novecientos noventa y dos, la Corte falló en el caso El Salvador contra Honduras, relativo a la controversia sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas, que «son los límites administrativas entre las divisiones administrativas de las colonias españolas, y no los límites entre las poblaciones indias como tales, los que se transformaron en fronteras internacionales en 1821».

Por último, conviene poner de manifiesto la importancia histórico-política de la Corte Internacional de Justicia, así como el gran valor de su actuación y su aportación al desarrollo del derecho de las delimitaciones de fronteras y de las zonas marítimas, del derecho a la protección diplomática y del derecho de la responsabilidad internacional.


Imagen principal cortesía de Corte Internacional de Justicia.

Imágenes cortesía de Corte Internacional de Justicia.

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