El acoso laboral.

El acoso en el ámbito laboral, si bien no viene claramente definido como tal en un texto legal de referencia en la materia, es aquella situación en la que una persona, o grupo de ellas, ejerce de manera sistemática sobre un tercero violencia verbal, física o psicológica en el lugar de trabajo o en coacosonexión con aquel, generando con su actitud un clima hostil para la víctima de tal actuación injustificada e ilícita.

Estas actitudes constituyen un agravio a la dignidad del trabajador o trabajadora, y, por tanto, a su derecho a  la integridad moral que viene recogido en el artículo quince de la Constitución española, y que ha sido trasladado al ámbito laboral mediante dos vías principalmente.

Por un lado, a través de la Ley 31/1995, de ocho de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la cual establece que el empresario debe aplicar las medidas que integran el deber general de prevención para una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante la inclusión de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención.

Éste ha de contemplar, para la evaluación de los riesgos, no sólo la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes o el acondicionamiento de los lugares de trabajo, sino también las condiciones de trabajo, dado que las condiciones organizativas del entorno de trabajo puede llegar a afectar a la salud física y psíquica de los trabajadores, constituyendo lo que se denomina «riesgo psico-social», que como decimos ha de ser también contemplado en el plan de prevención y cuya falta da lugar a responsabilidades administrativas, penales y civiles por el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención, en especial cuando éstas hayan ocasionado daños a algún trabajador.

En este caso hemos de acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e interponer una queja o denuncia por escrito ante dicho organismo, pues es este organismo el que tiene atribuida la función de vigilancia y control prevista en el artículo nueve de la Ley de prevención de riesgos laborales.

Por otro lado, el ordenamiento jurídico ofrece a los trabajadores una protección judicial de carácter preferente, lo que conlleva una gran celeridad en su tramitación, a través del procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales, que se dirime ante los juzgados del orden jurisdiccional social.

En otro orden de cosas hemos de indicar que las manifestaciones más habituales del acoso en el ámbito laboral son las críticas constantes al rendimiento profesional, el uso del rumor como método para el descrédito personal y profesional del acosado, la fijación de tareas imposibles, el aislamiento del acosado respecto de la actividad profesional, el control desmedido o inapropiado del rendimiento o las coacciones para conseguir que la persona objeto del acoso cese en su puesto de trabajo, entre otros.

Y, por supuesto, constituye acoso cualquier conducta no deseada de carácter sexual, que haga que una persona se sienta humillada o coaccionada. Conductas tales como el acercamiento físico excesivo, los comentarios o gestos repetidos de carácter sexual, las llamadas de teléfono o mensajes de contenido sexual, la exhibición de gráficos o imágenes de internet con contenido sexual, las preguntas o insinuaciones sobre la vida provada, las proposiciones sexuales y un largo etcétera de posibles manifestaciones.

Por último no hemos de olvidar que el acoso dentro de las empresas tiene una multitud de causas, y que se realiza por parte de personas jerárquicamente superiores pero también por parte de compañeros del acosado; pero entre los más habituales está aquel que se produce por razones ideológicas o por la afiliación a organizaciones sindicales o políticas.

Entre los factores predominantes que generan el acoso en el ámbito laboral hemos de mencionar la actitud de dominación, control y causación del daño a la par que una organización laboral deficiente, con escasez de personal y dirección autoritaria, que no favorece la participación de los trabajadores y que carece de consideración hacia el factor humano.

Si se considera que se puede estar sufriendo una situación de acoso laboral, es recomendable ponerlo en conocimiento de la propia empresa, y, en su caso, del delegado de prevención, pues como ya hemos indicado más arriba el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales da lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

En caso de que no cese tal situación lo correcto es iniciar las actuaciones judiciales pertinentes, que como hemos dicho, se canalizan por un procedimiento de tramitación preferente y rápida terminación.

 

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