El TS anula ocho cláusulas suelo por incumplimiento del deber de transparencia.

En fecha reciente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una muy relevante sentencia para las cláusulas abusivas en contratos con consumidores de las que ya hemos hablado en otra entrada, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2014, recurso nº 1217/2013. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno, ha procedido a la anulación de ocho cláusulas suelo que se funda en el incumplimiento del deber de información y transparencia por parte de la entidad bancaria, tal y como establece la legislación de consumo.

La litis se centró en la defensa de la entidad bancaria respecto del cumplimiento de dicho deber en la la lectura de la escritura pública por parte del notario, así como las advertencias por este realizadas respecto a la posibilidad de dicha lectura, hecho éste al que el Alto Tribunal ha desprovisto de dicha capacidad al no aceptar que dicho deber pueda descargarse en un tercero.

Entendemos dicha sentencia realmente relevante, al poner de manifiesto alegatos ya defendidos en los tribunales por abogados en defensa de consumidores para quienes ni cabe delegar en terceros el deber que la entidad financiera tiene de cumplir con el deber de transparencia, ni puede equipararse el control formal que el cuerpo notarial realiza respecto de las condiciones generales de la contratación contenidas en los contratos con la verficación de la comprensibilidad real de lo que se contrata, lo que debe alcanzarse mediante la aplicación de protocolos y actuaciones para tal concreto fin establecidos.

Por último, también se rechaza el cumplimiento del mentado deber por el hecho de haber cumplimentado el trámite de la entrega de la oferta vinculante, pues aquella sigue el mismo esquema, formato y redacción de las escrituras públicas, por lo que en nada asegura la comprensibilidad perseguida.

Sin duda, estos avances jurisprudenciales refuerzan las posibilidades de reclamación para los consumidores.

FD 2º(…) Al respecto, también resulta significativo que la parte recurrida, fuera de probar los anteriores extremos en el curso de la reglamentación predispuesta, descargue el cumplimiento de su propio deber de transparencia en los protocolos notariales de los contratos celebrados. En este sentido debe señalarse, sin perjuicio de la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación que, conforme a la caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ello solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia.

En segundo lugar, una vez que ha quedado excluido el cumplimiento, por parte del predisponente, del deber de transparencia en el propio curso de la oferta y de la reglamentación predispuesta cabe plantearse, en su caso, si este control queda acreditado en el ámbito de la “transparencia formal o documental” que acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en donde se contempla la llamada oferta vinculante. Al respecto, la respuesta debe ser también negativa pues el citado documento sigue el mismo esquema formal de las escrituras públicas analizadas en donde la cláusula suelo, referida a un “tipo mínimo anual”, queda encuadrada en el apartado correspondientemente rubricado con referencia excluida al “tipo de interés variable” (condición 3 bis de la oferta), sin mayor precisión y comprensibilidad de su alcance o relevancia y en un contexto caracterizado por la abundancia de datos y formulaciones bancarias, ausente, por otra parte, de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés mínimo en el momento de la contratación; criterios, todos ellos, tenidos en cuenta por esta Sala en el caso similar que dio lugar a la Sentencia de 9 de mayo de 2013…”.

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