El TS considera prueba insuficiente un informe psicológico de parte.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de catorce de octubre, cuyo ponente ha sido el Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello,  ha estimado que para probar la necesaria alteración de circunstancias para acordar una modificación en el régimen de visitas no es suficiente con el informe psicológico de parte. La sentencia considera que debió practicarse la prueba pericial consistente en el informe emitido por el equipo psicosocial del Juzgado.

La sentencia de instancia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Cantabria, la cual, desestimó el recurso de apelación y confirmó las medidas acordadas en la sentencia recurrida como inherentes a la declaración de la disolución por divorcio del matrimonio de los litigantes.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de infracción procesal y casación interpuestos por considerar que “FD 2º. – … Por lo que atañe al documento octavo, un informe emitido por un psicólogo, cabe añadir que no era el medio idóneo para probar un cambio de circunstancias tal -la recurrente afirma que «se ha producido un progresivo necrosamiento de las relaciones entre los niños y su padre»- que impusiera la modificación del régimen de visitas y del régimen de estancias acordado como medida previa, confirmada primero por el Juzgado y después por la Audiencia. Una modificación como la pretendida por la recurrente debió contar no con una opinión psicológica escrita (esta es la condición que corresponde al informe presentado) sino con una prueba pericial practicada por el equipo psicosocial del Juzgado y sometida al principio del contradicción, a fin de que las partes y el juzgador pudieran pedir cuantas aclaraciones, precisiones y complementos consideraran necesarios.”

Se recurre en Casación respecto de la prueba inadmitida  [el informe psicológico] alegando que  «si la ponente hubiera admitido la prueba propuesta habría comprobado que…»;

El propio tribunal esgrime que el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 y publicada la ratificación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente 31 de diciembre) establece que los Estados respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de los dos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.

Pero basa su decisión en que la documentación aportada de parte no acredita el perjuicio que se invoca, reiterando la necesidad de proponer una prueba pericial sometida a los principio de inmediación y contradicción. Criterios que cumple el informe que se practica por parte de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados.

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Imagen de Esther Diana García obtenida en el banco de imágenes y sonidos de INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado).

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