La CE pide a España suprimir obstáculos para la prestación de servicios transnacionales de procuraduría.

La Comisión Europea está tomando medidas adicionales en lo que a España y otros nueves países, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, al entender que sus normas nacionales contienen obstáculos excesivos e injustificados a la prestación de servicios en todo el mercado interior. En el caso de España, el Dictamen motivado se refiere a la profesión regulada de los procuradores.

Procedimiento de Infracción Europeo

La Comisión considera que los requisitos que han de cumplir determinados prestadores de servicios en los Estados miembros mencionados son contrarios a la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE).

La Comisión entiende que constituyen restricciones a la prestación de servicios en toda la UE requisitos como: la exigencia de que las empresas tengan su sede en una jurisdicción determinada; requisitos excesivos en materia de accionistas, como el requisito de que los profesionales posean el 100 % de los derechos de voto o del capital de una empresa; unas tarifas mínimas obligatorias; y unos requisitos de autorización desproporcionados o derechos de exclusividad. Estos obstáculos para los nuevos operadores del mercado no son necesarios para garantizar que los prestadores de servicios nacionales o extranjeros ofrezcan unos servicios de gran calidad y, en muchos casos, privan en la práctica a los consumidores de servicios a precios competitivos.

En el caso español la Comisión está actuando a fin de resolver las situación que considera problemática, esto es, las tarifas mínimas obligatorias y restricciones multidisciplinarias para la profesión jurídica de los procuradores.

España tiene ahora un plazo de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para subsanar estas situaciones.

La Comisión Europea ha publicado una infografía práctica que recoge el procedimiento de infracción en la Unión Europea.

I. Fase inicial:

Detección de una posible infracción por parte de un Estado Miembro de la legislación vigente en la Unión Europea. La denuncia pueden formularla: la Comisión Europea, UE, ciudadanos, empresas, ONGs.

II. Diálogo estructurado

  • Informes EU Pilot: en 2014 la media de resolución de la UE de los informes EU Pilot fue del 75%. Diálogo bilateral informal entre la Comisión Europea y el Estado Miembro afectado.

III. Procedimiento precontencioso

La Comisión Europea pide explicaciones al Estado Miembro afectado

  • Vía LFN (artículo 258 del TFUE)
  • Vía RO (art 258 del TFUE).

IV. Procedimiento contencioso (remisión al TJUE)

Juicios dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

  • Bajo el artículo 258 del TFUE
  • Bajo el artículo 260 (2) del TFUE.
  • Bajo el artículo 260 (3) del TFUE.
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