Archivo de la categoría: Opinión

La “reformatio in peius” en el orden penal.

La doctrina del Tribunal Constitucional ha identificado la reformatio in peius como el empeoramiento o agravación de la situación jurídica del recurrente, declarada en la resolución impugnada en virtud de su propio recurso, de modo que la decisión judicial que lo resuelve, conduce a un efecto contrario al perseguido por el recurrente, cual es anular o suavizar la sanción aplicada en la resolución objeto de impugnación (entre muchas, SSTC 9/1998, de 13 de enero, FJ 2; 196/1999, de 25 de octubre, FJ 3; 203/2007, de 24 de septiembre, FJ 2 o 126/2010, de 20 de noviembre, FJ3).

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El contexto del acoso laboral.

El acoso laboral no es un fenómeno nuevo, como ya hemos explicado en otra entrada, pero sí lo es su, cada vez mayor, presencia en los medios de comunicación. Los cuales se hacen eco, a veces con demasiada ligereza, de un fenómeno cuya magnitud se amplifica en una sociedad inmersa en una crisis económica que ha propiciado unas cifras de desempleo prácticamente desconocidas en nuestro país, a la par que una gran precarización del trabajo –sueldos bajos, empeoramiento de las condiciones de empleo bajo la figura del flexibilización, desplazamiento de las obligaciones de tributación y cotización hacia el trabajador, a través de la figura del falso autónomo, horarios imposibles, etc.–

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Breves anotaciones sobre la Corte Internacional de Justicia y el Uti Possidetis Iuris

Es habitual encontrarse en los medios de comunicación referencias a la Corte Internacional de Justicia – la cual no ha de ser confundida con la Corte Penal Internacional, de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones– respecto de controversias de tipo fronterizo o territorial surgidas entre países, como puede ser el conflicto del antiguo Sáhara español, o bien el propio Gibraltar. Todo ello pone de manifiesto la enorme importancia de la CIJ en la resolución de controversias internacionales y su aportación al desarrollo de diversas áreas del derecho internacional, como las delimitaciones de fronteras, de las zonas marítimas, el derecho a la protección diplomática y el derecho de la responsabilidad internacional.

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La inconstitucionalidad del régimen de tasas judiciales.

Al poco de la aprobación de la ya afamada Ley de tasas judiciales, comentábamos en otro artículo como eran constantes las manifestaciones en contra de la misma, por diversos colectivos de la comunidad jurídica, tales como abogados, procuradores e incluso miembros de la carrera judicial, al igual que por diversos sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Así mismo contra dicha ley se han interpuesto diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. 

Por nuestra parte, consideramos esta ley de todo punto inconstitucional por impedir en la práctica el acceso a la jurisdicción de la ciudadanía, pues la excesiva cuantía de las mismas resulta un obstáculo evidente en un país cuya media de ingresos en 2012, según el INE, fue de nueve mil noventa y ocho euros (9.098€). Tomando en cuenta las circunstancias de crisis evidente que han hecho perder poder adquisitivo al conjunto de la ciudadanía y teniendo en cuenta que al pago de las tasas se ha de sumar los de los profesionales causídicos, pruebas de parte y posibles costas judiciales.

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La abogacía del futuro, gestión documental y la deforestación del Amazonas.

Hace ya unos años que en el mundo de la abogacía se aspira a la oficina del futuro –aquella que resulta operativa sin el uso del papel–; un objetivo no menor, aunque desde luego muy deseable tanto por el ahorro en espacio, y consecuentemente en dinero, como por su menor impacto medioambiental, y para cuyo logro resultan fundamentales los métodos digitales de producción y almacenamiento de documentos así como una eficaz gestión documental.

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¿Cómo atribuye la responsabilidad la Corte Penal Internacional?

La parte III del Estatuto de la Corte Penal Internacional regula los «principios generales de Derecho penal», es decir, los principios que conforman los presupuestos materiales de la responsabilidad penal, los grados de autoría y los elementos de participación criminal. Sigue leyendo

Posibilidades de reclamación para los consumidores.

Ser consumidor, según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, significa actuar en el tráfico jurídico (celebrando contratos) en un ámbito en el que no se es empresario o profesional, lo que conlleva que diariamente actuemos como consumidores o usuarios en un sin fin de actuaciones como puede ser la obtención de bienes (comida en una tienda de comestibles, tabaco en un estanco, una bebida en una cafetería) o bien la contratamos servicios como cuando compramos un billete de autobús, damos de alta el servicio de electricidad o abrimos una cuenta de ahorro en una entidad bancaria. Sigue leyendo